Los
asesinatos, violaciones y torturas de la dictadura chavista en Venezuela
Más de 130 asesinatos, 4.000 heridos,
5.000 detenciones arbitrarias, torturas… Un informe pone nombres y apellidos a
la represión chavista, en solo dos meses de protesta antigubernamentales
La ONU denunció el martes que las
fuerzas de seguridad venezolanas han "maltratado" y "torturado" de forma
"generalizada y sistemática" a
manifestantes y detenidos durante los últimos meses de protestas, coincidiendo
con la deriva que ha iniciado el régimen chavista para imponer una dictadura total en el país. Pero, ¿cuáles son
las cifras y las tragedias humanas que esconde tal denuncia?
Uno de los informes más completos y exhaustivos sobre la violación
sistemática de derechos humanos que está sufriendo Venezuela es el elaborado
por el Foro Penal Venezolano (FPV), una ONG integrada
por 200 abogados voluntarios y más de 2.000 activistas que se ocupan de prestar
asistencia gratuita y apoyo legal a las víctimas de la represión del Estado. Su
último documento al respecto evidencia la brutal represiónque
está ejerciendo el régimen que preside Nicolás Maduro sobre la población.
Asesinatos
Desde el 1 de abril, cuando comenzó la última oleada de protestas
en las calles, hasta el pasado 31 de julio, un total de 133 personas
han fallecido en el transcurso de las manifestaciones. De este
número, 101 personas fueron asesinadas directamente por los efectivos de
seguridad del Estado (40%) o bien las bandas armadas chavistas que actúan al
margen de la ley (52%). Al menos, el 83% de estas muertes fueron por
impacto de bala.
El informe recoge, entre otros testimonios, el caso de Xiomara
Soledad, una enfermera de 61 años que fue asesinada por un
impacto de bala el 16 de julio en Caracas, mientras se encontraba en las
inmediaciones de una iglesia participando en la "Consulta Popular"
organizada por la oposición venezolana contra la Asamblea Constituyente. Un
grupo de motorizados armados y encapuchados, identificados como afectos al
Gobierno, dispararon contra las personas que guardaban fila para votar, matando
a Soledad e hiriendo a otras cuatro personas.
Heridos
En cuanto al número de heridos, esta ONG estima al menos 4.000
entre abril y julio, con un promedio de entre 700 a 1.000 heridos al mes.
Abundan los casos de civiles heridos de bala, perdigones y esferas de vidrio,
así como numerosas personas afectadas por asfixia producto del uso desmedido de
gases lacrimógenos y por diversos traumatismos y contusiones.
Detenciones
arbitrarias
Como parte de la represión y criminalización por parte del Estado
al derecho a la protesta, ha habido 5.051 personas arrestadas desde el 1 de abril por
manifestarse en las calles, de las cuales 1.383 permanecen detenidas.
Torturas y
violaciones
Por lo que respecta a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes,
también existen numerosos casos documentados. El informe destaca, entre otros,
la detención de 36 personas el 20 de julio en el estado de Zulia, de las que 16
fueron liberadas posteriormente, mientras que las 20 restantes fueron
procesadas por un tribunal penal militar.
Según las declaraciones realizadas, "las mujeres detenidas
fueron víctimas de actos lascivos, entre ellas una niña de 12 años, quien
fue detenida con su hermano, Alexander Vente, quien quedó privado de
libertad. La joven fue manoseada en sus órganos genitales por los agentes
policiales. Otro de los detenidos (hombre) fue víctima de
violación. A otra de las personas arrestadas le prendieron
su cabellera con fuego, ocasionándole quemaduras de segundo grado en la parte
superior de la espalda. Dos de los detenidos fueron heridos de perdigones en la
espalda y abdomen. Otros 2 fueron golpeados con una guaya en la espalda y el
resto de los detenidos también manifestó que fueron golpeados brutalmente en
distintas zonas de su cuerpo".
Otro caso emblemático es el de Wuilly Moisés
Arteaga, violinista que se dio a conocer por ejercer una forma
de protesta pacífica tocando su violín en medio de las protestas y la represión
de las fuerzas chavistas. Wuilly fue detenido con su violín el 27 de julio en
Bello Campo, Municipio Chacao, en Caracas y lo mantuvieron incomunicado durante
varios días. Durante su arresto fue golpeado con los cascos de los funcionarios en la
cabeza, hasta el punto de perder la audición en su oído derecho,
y quemado su cabello con un mechero.
Tribunales
militares
El número de civiles procesados por tribunales militares
asciende a un total de 609, de los que
372 han sido privados de libertad entre abril y julio, vulnerando su derecho
constitucional a la Justicia ordinaria.
Presos políticos
Al 31 de julio, existían 620 presos políticos en
Venezuela, según lista elaborada por FPV y certificada por la Organización de
Estados Americanos. Esto representa un aumento importante en relación al 30 de
junio, cuando la cifra era de 403. Entre estos casos se encuentra el del
alcalde del Municipio Iribarren del Estado Lara, Alfredo Ramos, el activista
del partido político Voluntad Popular, Carlos Graffe y el magistrado designado
por la Asamblea Nacional, Ángel Zerpa. Todos privados de
libertad por tribunales militares.
Zerpa fue detenido el 22 de julio, un día después de jurar su
cargo, y arrestado arbitrariamente sin una orden judicial. "Estuvo
incomunicado durante su detención, tiempo en el cual fue recluido en una celda
contaminada con excremento humano" y presentado ante
un tribunal militar acusado de "Traición a la Patria", tal y como
recoge el documento. A la finalización del informe, Zerpa se mantenía en huelga
de hambre como medida de protesta por las irregularidades
cometidas desde su detención hasta el desarrollo de su proceso judicial.
Violación
del hogar
La violación inconstitucional y sin orden judicial del hogar
doméstico se ha convertido en algo regular y sistemático. Dichas actuaciones la
protagonizan fundamentalmente los funcionarios del Comando Nacional Anti
Extorsión y Secuestro (CONAS) perteneciente a la Guardia Nacional Bolivariana,
el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y la Policía Nacional
Bolivariana (PNB).
Estos registros "se han ejecutado al margen de
la ley, sin orden judicial previa y sin sustento legal alguno,
sin presencia de un fiscal del Ministerio Público, sin la presencia de los
testigos que exige la ley y sin permitirle a los investigados estar asistidos
por sus defensores, lo que convierte a estos procedimientos en una flagrante
violación a los derechos humanos, en especial al principio de
Inviolabilidad del hogar doméstico, domicilio o recinto privado
consagrado en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela", aclara el texto.
"Cuando los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de
seguridad del Estado y también, en muchos casos, civiles armados, encapuchados
y sin identificación alguna, de manera generalizada entran por la fuerza a los
hogares, se aprovechan de tal situación, para sembrar evidencias
y detener a presuntos manifestantes, sin que en esas viviendas
se esté cometiendo delito alguno, causando además destrozos y daños, lo que
reitera que estas actuaciones se realizan con el objeto de crear zozobra e
imponer por la fuerza las órdenes y las políticas gubernamentales contra los
ciudadanos, que son identificados arbitrariamente como opositores o a
los que se acusa sin base de manifestar contra el gobierno
o de disentir de la línea oficial", añade el informe.
Amenazas y
agresiones
Los casos son innumerables, pero el informe recoge, a modo de
ejemplo, uno de estos habituales atropellos contra los derechos y las
libertades fundamentales del individuo que afectó a uno de sus integrantes, el
abogado y miembro del Foro Penal Venezolano Abraham
Cantillo.
El 20 de julio de 2017 […] fue robado por civiles armados y
amenazado. Estas personas se referían a él de manera despectiva como el
"abogado de los guarimberos [opositores]" y lo
golpearon con el cañón de un revólver en la boca que le ocasionó hinchazón y
lesiones. Posteriormente, el jueves 27 de julio de 2017, fue seguido por dos
motorizados y logró escapar con su vehículo […]
En pocos minutos lo interceptaron nuevamente, lo apuntaron con
armas, lo montaron a la fuerza en una camioneta colocándole una capucha de tela
y amarrando sus muñecas con tiras de plástico. Le rompieron la camisa y lo guindaron
[colgaron] de un tubo por aproximadamente 5 horas, golpeándolo brutalmente y
de manera constante. Mientras lo golpeaban se referían a él como "maldito
abogado de los guarimberos".
Luego lo bajaron y le vertieron agua fría encima. Le pusieron
una escopeta en la cabeza y lo amenazaron con matarlo. Luego
lo montaron en un vehículo y se lo llevaron a la zona industrial de la ciudad
de Barquisimeto, donde lo bajaron del mismo y le gritaron que no volteara su
cara o lo mataban. Cuando el vehículo se alejó, Abraham pudo correr.
Foro Penal no es la única ONG
de derechos humanos que denuncia estos salvajes ataques por parte del régimen
chavista contra el pueblo. Human Rights Watch publicó a
finales de julio un informe multimedia donde muestra la magnitud y brutalidad
de la represión chavista contra los manifestantes, poniendo así sonido e
imágenes a estas denuncias.
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