México: un año perdido para
la economía
López Obrador, que llegó hace un año al poder
prometiendo un gran crecimiento, se da de bruces con una economía en recesión,
que dificulta su ambiciosa agenda social
7,
El PIB de la segunda economía latinoamericana cayó un 0,1% hasta junio
Ló
des
Estímulos
Ante este escenario y con el consabido desgaste que se ha acumulado en el primer año de Gobierno, su equipo económico apuesta todo al plan de infraestructuras y a la ratificación —desean que en los próximos días, antes de que termine 2019— del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. No es de extrañar pues que, con meses de retraso respecto a lo esperado, el presidente mexicano anunciase esta semana un nuevo Plan Nacional de Infraestructuras, que se traducirá en una inversión de 42.000 millones de dólares (38.100 millones de euros) hasta el final de su sexenio, con la participación empresarial como principal valedor. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha evaluado a qué proyectos se debe dar prioridad para que arranquen cuanto antes y poder así levantar las perspectivas de crecimiento. Un intento de política contracíclica financiada, eso sí, con fondos privados y no públicos.La consolidación del T-MEC es incierta, en la medida en que no se ha logrado ratificar a pesar de que el pacto entre los Gobiernos se firmó ya hace un año. El Congreso de México, con mayoría aplastante del partido de López Obrador, lo validó en junio; Canadá está a la espera de hacerlo a la par que Estados Unidos, en cuya Cámara, de mayoría demócrata, el proceso está estancado. Esta semana, el subsecretario mexicano de Exteriores, Jesús Seade, el hombre de López Obrador en el tramo final de la negociación de 2018, se reunió con el representante de Comercio Exterior de EE UU, Robert Lighthizer, para tratar de pactar un apéndice al acuerdo con los cambios planteados por los demócratas. Persisten, sin embargo, las dudas.El calendario no ayuda. Todo lo contrario: los republicanos de EE UU temen que se cruce con las primarias demócratas y el final de la negociación se ha topado ya con el proceso de destitución de Donald Trump, que ve cómo su principal logro económico puede naufragar a un solo paso de la orilla. En el Gobierno de López Obrador se afanan en decir que el actual tratado, el conocido como TLC y firmado hace ya un cuarto de siglo largo, sigue vigente y es útil. Sin embargo, han hecho todo lo posible para contentar las demandas demócratas.
El Gobierno ha presentado un plan de infraestructuras de 38.000 millones de euros
Inversión privada
En cualquier caso, si las expectativas del Ejecutivo se cumplen, el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá y el plan de infraestructuras habrán brindado una bocanada de aire fresco a la economía mexicana, pero los retos seguirán siendo ingentes. La urgencia por incrementar la inversión privada se antoja crucial. Una de las personas que más han alertado de ello ha sido el hombre más rico del país y uno de los más acaudalados del mundo, el empresario Carlos Slim, quien ha cobrado fuerza en las últimas semanas y disipado cualquier conato de enfrentamiento o divergencia que haya tenido con López Obrador durante la campaña electoral de 2018 y en el arranque del sexenio. A lo largo de este año, Slim ha recalcado en diferentes foros que, para que el país logre una tasa de crecimiento como a la que aspira el mandatario —y para una menor también—, se necesitan niveles de inversión mucho más altos. En concreto, el multimillonario ha incidido en que se requiere una potente inyección de capital privado de entre el 20% y el 22% del PIB, a la que habría que añadir un gasto público del 5% por parte del Gobierno.México arrastra un potente déficit de inversión, pública y privada, desde hace décadas. Y hay consenso entre los analistas en que el país norteamericano tendrá que aumentar significativamente este rubro en diferentes sectores como condición imprescindible para empujar el crecimiento económico. Su principal obstáculo es quizá la dificultad que durante décadas ha tenido de conseguir una recaudación fiscal significativa: posee uno de los niveles más bajos de recaudación de impuestos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) —un 14% del PIB—, que se ha visto cristalizada principalmente por una economía sumergida en la que seis de cada diez mexicanos trabajan en el sector informal, sin un contrato de trabajo reglado y sin los derechos y obligaciones que eso conlleva. Este organismo ha hecho, una y otra vez, una propuesta lejos de los deseos del presidente mexicano: subir el IVA y ampliar la base gravable en el impuesto sobre la renta. De momento, López Obrador ha prometido que dejará de condonar los adeudos fiscales de los que gozaba la iniciativa privada en los Gobiernos anteriores.
Nada más llegar al poder, el presidente canceló los planes del nuevo aeropuerto
Las discrepancias con Romo fueron determinantes, como se entrevió en la dura carta de renuncia y se ha constatado con el paso de los meses. La marcha de Urzúa dejaba varios mensajes. Por un lado, López Obrador daba la espalda a uno de los miembros moderados de su Gabinete, sobre el que construyó su perfil más pragmático, una suerte de cortafuegos frente a los mercados que le permitió tranquilizar a los inversores y, sobre todo, ganar la presidencia del país. Su continuidad en el Gobierno como máximo responsable de la economía mexicana resultó una garantía no solo con los mercados, sino con el mundo económico y empresarial. No obstante, para López Obrador, el presidente que acostumbra a decir que tiene “otros datos” cuando algo no le cuadra, especialmente en materia económica, la contención de Urzúa era incompatible con sus deseos programáticos. Con los meses, el responsable de la economía fue perdiendo influencia. Su peso fue inversamente proporcional al que lograba Alfonso Romo. Las diferencias entre ellos se volvieron insalvables.
No deja de ser paradójico que apenas un mes antes de esta crisis y ante la contracción que sufrió la economía en el primer trimestre, Romo asegurase ante la plana mayor del empresariado que se apostaba “100 a 1” que México no entraría en recesión. Aquel aviso era, para uno de los principales asesores del presidente, una “cachetadita”. Con el tiempo se volvió un golpe que ha dejado al país norteamericano tambaleándose ante el abismo económico.
Laboratorio global del salario mínimo
Ignacio Fariza
La política económica del presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, sigue siendo un melón por abrir a ojos de los inversores. La
muestra de pragmatismo que supuso la negociación del nuevo tratado
comercial norteamericano (T-MEC, que sustituirá al antiguo TLC)
contrasta con la cancelación del aeropuerto capitalino, el empeño por
revivir el México petrolero o la sorprendente afirmación de que tiene
“otros datos”, distintos de los oficiales. También con la falta de
frutos de su voluble estrategia de seguridad, una de las grandes
preocupaciones del sector privado y de los organismos internacionales.
En el frente laboral, en cambio, ha mantenido un rumbo fijo: quiere una
enmienda a la totalidad de las políticas que han convertido a México en
uno de los peores lugares para trabajar del mundo industrializado. Y ha
empezado a sentar las bases en dos frentes: en uno, casi obligado, con
una reforma laboral presionada por las exigencias de Estados Unidos para
conseguir la aprobación del ansiado T-MEC —que refuerza la negociación
colectiva en un país en que el poder real de los trabajadores es muy
limitado—, y, sobre todo, con un importante impulso del salario mínimo históricamente deprimido y muy por debajo de la media latinoamericana.El pasado 1 de enero, solo un mes después de llegar al poder, el Gobierno de Morena convirtió — involuntariamente— a México en el nuevo laboratorio global del salario mínimo con una doble subida en el suelo salarial: una general —que afecta a todo el país, y que pasó de 88 a 102 pesos (de 4,5 a 5,2 dólares) diarios, la mayor en más de un cuarto de siglo— y una específica, y mucho más alta, en una estrecha franja de tierra de 25 kilómetros que linda con Estados Unidos, en la que se duplicó. El primer incremento prácticamente emparentaba las retribuciones más bajas con el mínimo —muy mínimo— necesario para vivir. El segundo caso, el del extremo septentrional del país, llevaba el suelo salarial a casi 177 pesos (nueve dólares) diarios en los 43 municipios más próximos al mayor socio comercial de México, EE UU. En esa zona, el aumento ha ido acompañado, además, de un tijeretazo del 50% en el IVA y del 33% en el impuesto sobre la renta que ha ayudado a amortiguar el impacto —mínimo hasta ahora— sobre la inflación.
La subida de los sueldos más bajos se ha convertido, por méritos propios, en una de las banderas ineludibles de la lucha social en México. En las tres últimas décadas, el poder adquisitivo de sus perceptores sufrió un recorte del 80%, según los cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, dejando el suelo salarial entre los más bajos de América Latina, muy lejos todavía de otros grandes países de la región, como Brasil, Colombia o Chile: ser uno de los más prósperos del subcontinente en renta por habitante sigue sin garantizar una retribución acorde a los trabajadores peor pagados. Los que, además, más pueden sostener la economía con su gasto: una de las mejores formas de estimular el consumo es subiendo los salarios más bajos, cuyos perceptores ante un incremento de renta tienen una mayor propensión a consumir que quienes más ganan, que suelen optar por el ahorro.
El salario mínimo lleva décadas despertando uno de los debates internacionales más acalorados de la academia entre ortodoxos y heterodoxos. Mientras los primeros temen aumentos acelerados para evitar un repunte abrupto de la inflación —uno de los grandes monstruos históricos para México y para el conjunto de América Latina—, una merma del empleo y la conversión de empleos formales en informales; los segundos —sin negar el impacto sobre estas variables— rebajan los temores y ponen énfasis en el incremento del bienestar en las capas más desfavorecidas de la población.
Con el partido al descanso, en el laboratorio mexicano los heterodoxos se imponen con holgura. “No hemos encontrado efectos sobre el empleo ni sobre el nivel general de precios y, de haberlos, son mínimos, tanto que no hemos sido capaces de identificarlos estadísticamente. En cambio, la subida sí ha supuesto un incremento sustancial en los ingresos laborales”, subraya Raymundo Campos, investigador de El Colegio de México, que destaca la ausencia de efectos fiscales: a diferencia de las grandes promesas sociales de López Obrador —pensión universal, programa de empleo para jóvenes, ayudas al sector primario—, el salario mínimo no tiene, por sí solo, impacto alguno para el erario. “En el caso de la informalidad, aunque tampoco hemos encontrado ningún impacto, habrá que esperar unos meses más para que los datos sean concluyentes”, agrega el autor del mayor estudio sobre el caso publicado hasta la fecha. Mantiene, también, una incógnita que solo el tiempo podrá despejar: que los empresarios estén sustituyendo bonos y prestaciones por salario reportado.
“Hay, todavía, mucho margen para subirlo sin que aumente la inflación”, sustenta Alicia Puyana, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Una aproximación en la que coincide, desde el primer día, el mayor banco del país norteamericano, BBVA —nada sospechoso de heterodoxo—, que descartó cualquier tipo de presión sobre los precios desde el mismo momento en que conoció los valores del aumento del salario mínimo: “Dado el nivel tan bajo en el que se encuentra y considerando aumentos progresivos en los siguientes años”, aventuraban, “las mejoras no provocarán un efecto inflacionario”—. Incluso el Banco de México parece haber empezado a girar desde una férrea ortodoxia —no había informe trimestral en el que no avisase de los riesgos de una subida en este ámbito— hacia posiciones mucho menos categóricas.
Hipótesis fallidas
“Hace no tanto escuchábamos que era una medida inútil, que no afectaba a nadie… Desde ya podemos rechazar esta hipótesis”, apunta David Kaplan, del Banco Interamericano de Desarrollo, valiéndose de dos datos oficiales: en la franja norte, el salario promedio acumula ya un aumento anual del 11%, con incrementos aún superiores entre los peor pagados. “Ha sido positivo. Quizá no todo se pueda atribuir al salario mínimo, pero en un mal año económico la pobreza salarial ha bajado un poco”, agrega. “No son muchas personas las que lo ganan, pero sin duda ayuda a los que menos ingresan. Y no solo no tiene coste político, sino que tampoco lo tiene en lo presupuestario”, recuerda Carlos Petersen, de Eurasia. “Salvo algunos emplazamientos a huelga en Matamoros [Tamaulipas], derivados de que algunos trabajadores tenían indexadas algunas prestaciones a su sueldo, no hemos visto efectos disruptivos”, completa Joyce Sadcka, del ITAM, que recuerda no obstante los “muchos asuntos pendientes” de México en materia laboral.
El caso de la frontera norte, especialmente interesante por la “agresiva” subida de la base salarial, apunta Campos, es el que atrae casi todas las miradas, tanto dentro como fuera de México. “No solo es un laboratorio del salario mínimo para el resto del mundo”, agrega el también técnico del banco central mexicano. “También lo es para las propias autoridades mexicanas, que pueden sacar conclusiones para futuras subidas agresivas en el resto del país”. La ausencia, hasta ahora, de efectos nocivos para la economía ha permitido también derribar una barrera mental en un segmento importante del ámbito empresarial, que ha pasado de una oposición cerval hace no tantos años a que un grupo de 100 compañías haya redoblado la apuesta de las autoridades, elevando el salario mínimo de sus empleados a los 6.500 pesos mensuales (303 euros). Una cifra todavía baja a escala internacional, pero inimaginable en México hace un lustro.
México celebra el año en el poder de López Obrador. Alejandro Cegarra (Bloomberg)
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21 muertos (Gerardo Sanchez / AP)